Protocolo Violencia Politica contra Mujeres Mex

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1. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres 2. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres Primera edición 2016. D.R. ©…
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  • 1. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres
  • 2. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres Primera edición 2016. D.R. © Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carlota Armero núm. 5000, colonia CTM Culhuacán, CP 04480, delegación Coyoacán, Ciudad de México. Teléfonos 5728-2300 y 5728-2400. www.te.gob.mx editorial@te.gob.mx Edición: Coordinación de Comunicación Social. Impreso en México.
  • 3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Instituto Nacional Electoral (INE) Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)
  • 4. La elaboración de este Protocolo estuvo a cargo de Marcela Talamás Salazar con la colaboración de Sofía Lascurain Sánchez de Tagle. Revisión TEPJF María del Carmen Alanis Figueroa Abigail Feria Alejandra Montoya Mexia Andrés Vázquez Murillo Carla Humphrey Jordán Francisco Javier Esquinca Cuevas Giovanni Hernández González Itzel Amairani Lozada Allende María Fernanda Sánchez Rubio Mauricio Huesca Rodríguez Rebeca Obdulia Cruz Aviña INE Adriana Favela Herrera Beatriz Galindo Centeno Mónica Maccise Duayhe Maribel Tatiana Reyes Pérez Fabiola Delgado Suárez FEPADE Santiago Nieto Castillo SEGOB Subsecretaría de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías Guerra Patricia Colchero Aragonés Ricardo Sánchez Pérez del Pozo CEAV Adrián Franco Zevada Mercedes Peláez Ferrusca Angélica Mandujano Samuel Rodríguez Serrano CONAVIM Alejandra Negrete Morayta Gretha Jimena Vilchis Katya Vera Morales INMUJERES Lorena Cruz Sánchez María de la Paz López Barajas Paula Soto Maldonado FEVIMTRA Ángela Quiroga Quiroga Rosalinda Salinas Durán Revisión por parte de especialistas en igualdad de género Blanca Olivia Peña Molina Teresa Hevia Rocha María Elena Chapa Hernández
  • 5. Contenido I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 II. Elementos para comprender la violencia política contra las mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 1. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. ¿Cuándo puede hablarse de violencia política con elementos de género?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. ¿Cómo se detecta la violencia política contra las mujeres con elementos de género?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. ¿Quiénes son las víctimas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. ¿Qué derechos tienen las víctimas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 6. ¿Cuáles son las instituciones competentes para brindar atención y a qué están obligadas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 A. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 B. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 C. Instituto Nacional Electoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 D. Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 E. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 F. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
  • 6. 10 G. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. . . . . . . . . . . . . . . 46 H. Instituto Nacional de las Mujeres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. ¿Qué acciones inmediatas deben tomarse en casos de violencia política?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 III.  Diagrama de actuación ante casos  de violencia política de género. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 IV. Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 A. Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 B. Jurisprudencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 C. Políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 D. Doctrina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
  • 7. 11 I. Introducción De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri- minación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.1 Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,2 como en la Conven- ción Americana sobre Derechos Humanos,3 se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. En consecuencia, los Estados deben tomar todas las “medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país […] garantizando, en igual- dad de condiciones con los hombres el derecho a […] ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.”4 Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. La Constitución reconoce también el principio de igualdad5 para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.6 Por tratarse de derechos humanos, desde luego, a estos principios se suman el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibi- lidad y progresividad.7 Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Asimismo, en su artículo 2, la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los pue- blos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para […] decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”8. En la fracción III, protege su derecho a: “elegir de acuerdo con sus normas, proce- dimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas 1 Artículo 4, inciso j) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 2 Artículo 25. 3 Artículo 23. 4 Artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 5 Artículos 1 y 4. 6 Artículo 41, base V, apartado A y artículo 116, fracción IV, inciso b). 7 Artículo 1. 8 Artículo 2 constitucional, apartado A, fracción I.
  • 8. 12 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.” Además, agrega que “[e]n ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.” Conforme con todo ello, la fracción I del artículo 41 constitucional, determina que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad. En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedi- mientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.  La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad. En su Recomendación General 19, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés), reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades. Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que obstaculizan el ejercicio de dichos derechos y que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público. Muestra de ello fue el proceso electoral de 2014-2015 en México. En las entidades de Chiapas,9 Ciudad de México,10 Colima,11 Estado de México,12 9 La candidata del PAN a la alcaldía del Municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue agredida en un tramo carretero entre Reforma, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. La candidata sufrió de golpes, insultos y fue encañonada por los sujetos que la atacaron. 10 Dos colaboradores en la campaña de la candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la jefatura delega- cional, Ana Julia Hernández Pérez, fueron agredidos con armas de fuego dentro de su vehículo. Grupos de militantes del PRI y PRD se enfrentaron en la delegación Cuajimalpa, donde resultaron varios heridos, entre ellos el candidato a diputado del distrito XX local, Adrián Rubalcava, quien estuvo en terapia intermedia. 11 Durante el proceso electoral extraordinario de Colima se detectaron dos casos de robo de los paquetes electorales en casillas presididas por mujeres. 12 La candidata a la alcaldía de Ecatepec por el PT, Jessica Salazar, denunció que ha sido víctima de agresiones y amenazas, así como de un intento de secuestro el 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de manera física y verbal y dos de sus colaboradores resultaron heridos.
  • 9. 13 Guerrero,13 Morelos,14 Oaxaca,15 San Luis Potosí,16 Sonora,17 Tabasco18 y Yucatán19 se presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego a personas que fungieron como precandidatas, precandidatos, candidatos, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradores y colaboradoras, así como familiares de candidatas. Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las mujeres, la Fiscalía Especia- lizada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.20 Debido a que no existe tipificación de la violencia política de género, las conductas que tuvieron lugar en dichos estados podrían actualizar dos de los tipos penales previstos en el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE): • Obstaculización o interferencia en el adecuado ejercicio de las tareas de las y los funcionarios electorales (fracción IV). • Realización de actos que provoquen temor o intimidación al electorado que atente la libertad del sufragio o perturbe el orden o el libre acceso de las y los electores a la casilla (fracción XVI). 13 La precandidata por el PRD, Aída Nava, fue encontrada decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político. El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Chilapa de Álvarez, Guerreo, Ulises Fabián Quiroz, fue asesinado por un grupo de hombres armados cuando se dirigía a un mitin en la comunidad de Atzacoaloya. La candidata a diputada por el Partido del Trabajo (PT), Silvia Romero Suárez, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 2015, fue liberada por sus captores un día después. Cuando fue interceptada se encontraba en campaña electoral en los municipios de Arcelia y Tlapehuala. 14 La precandidata a la diputación federal por el PAN en Morelos, Gabriela Pérez Cano, sufrió un ataque en su domicilio. Durante los hechos los agresores se llevaron objetos de valor y documentos importantes. Además, dejaron un mensaje que decía “Abandona la candidatura” y agredieron a su hijo de 14 años. La camioneta en la que viajaba Mauricio Lara, candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) a la Alcaldía de Emiliano Zapata, fue atacada a balazos por dos hombres. Gisela Mota, alcaldesa de Temixco fue asesinada un día después de asumir el cargo. 15 Un joven de 24 años de edad, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado con un arma de fuego mientras colocaba propaganda política del partido. En el ataque también se lesionó a otro militante. 16 Una camioneta con logotipos del Partido Acción Nacional (PAN), del candidato a la alcaldía del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velázquez Pérez, fue incendiada la noche del miércoles 13 de mayo. 17 En abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón” y “La panocha en las coyotas, ¡no en palacio!”, en alusión a la participación de las mujeres en la política. 18 El candidato priista a noveno regidor del Municipio de Huimanguillo, Héctor López Cruz, fue ejecutado en la puerta de su domicilio en el poblado Mecatepec. 19 El Presidente del PRD en Yucatán, Mario Alejandro Cuevas Mena, denunció que en varios municipios como Tekax, Valladolid, Tinum y Temozón se suscitaron hechos violentos, que iban desde lapidar una camioneta propiedad del abanderado del PRD a la alcaldía de Tekax, Diego Ávila Romero, hasta delitos cometidos con arma blanca contra un activista del mismo partido político. Asimismo, se dio el caso del aspirante perredista al Ayuntamiento de Temozón, Carlos Manuel Kuyoc Castillo, donde presuntos adversarios prendieron fuego a su casa de campaña. 20 El 12 de octubre de 2015, el INE, el TEPJF, la FEPADE y el INMUJERES, llevaron a cabo el Seminario “Violencia Política: La Transgresión de los Derechos Políticos de las Mujeres”. En este evento, se contó con los testimonios de Yesenia Alamilla (Chiapas), América Domínguez (Guerrero), Ana Lilia Hernández (Oaxaca) y Reyna Ramírez Santa Ana (Gue- rrero) mujeres que sufrieron este tipo de violencia. Disponibles en: https://www.youtube.com/watch?v=1kb6UtVELJ0
  • 10. 14 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres  La Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, señala que la violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.  En consecuencia, reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas socialesyculturalesbasadasen conceptosde inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo públi- co. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla. En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral. El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Con- vención de Belém do Pará, en donde se adoptó la “Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres”.21 En Latinoamérica, hasta el momento, únicamente Bolivia22 cuenta con una ley específica en la materia, mientras que en Costa Rica,23 Ecuador,24 México25 y 21 Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-ESP.pdf 22 Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Disponible en: http://www.comunicacion.gob.bo/sites/ default/files/docs/Ley%20N%C2%BA243%20Contra%20el%20Acoso%20y%20Violencia%20Politica%20hacia%20 las%20Mujeres.pdf 23 Disponible en: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20 Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18719 24 Disponible en: http://2009-2013.observatoriolegislativo.ec/media/archivos_leyes2/1._Proyecto_presentado._368.pdf 25 Iniciativa presentada por la Senadora Lucero Saldaña (PRI), el 13 de noviembre de 2012. Disponible en http://
  • 11. 15 Perú,26 se han presentado iniciativas. Por lo que se refiere a los estados de la República Mexica- na, las leyes contra la violencia contra las mujeres de Campeche27 y Jalisco28 cuentan con una definición de la violencia política. Por su par
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